Graciela hace fila sudando y agarrándose la cadera para descansar el peso de su vientre de 7 meses de embarazo. Delante de ella, unas 30 mujeres esperan para recibir los paquetes que entrega el subsidio prenatal y lactancia. Es un galpón caliente donde funciona la entrega de productos del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) en Santa Cruz de la Sierra.
“Apenas llegas y ya están encima tuyo los revendedores, miralos. En frente de los funcionarios que no dicen nada. Hasta se saludan, se deben conocer”, dice Graciela, acostumbrada a ver cómo lo ilegal se campea con naturalidad ante el ojo de los que visten chalecos del gobierno.
“Le compro todo por 350 bolivianos”; “no tiene quién le cargue amiga, mejor acá nomás me lo deja lo que no va a usar”; gritan los revendedores a Graciela y a las otras mujeres que hacen fila.
“Lo que más sale es la leche, la quinua, la avena, lo demás cuesta vender. Así que lo mejor es vender el paquete completo doñita”, intenta convencerla una revendedora.
Ahí mismo, varias mujeres cierran las transacciones por todos los productos que indican: “prohibida su venta”.
“De todo lo que entregan jamás consumo tantas harinas y cereales que son feos y nunca han sido parte de la alimentación de mi familia ni de nadie en nuestro entorno”, cuenta Graciela.
El paquete que recibe esta mamá en Santa Cruz es diferente del que recibe una mamá en Santa Ana del Yacuma o en San Ignacio de Moxos, pequeñas poblaciones del departamento amazónico de Beni.
“Acá no llegan los subsidios completos. A mí nunca me dieron 3 quesos, 3 botellas de yogurt, ni 5 de leche. Acá llegan incompletos los paquetes, parece que se llevan lo mejor para otros lados y nos mandan las sobras a los pueblos”, se queja Mariana, una mamá de 2 niños que lleva varios años recibiendo el subsidio pero no en su lugar de origen, sino en la ciudad capital de Trinidad.
En el área rural la logística de entrega se complica por las distancias. Aunque el Sedem dispuso la creación de Brigadas Móviles para la distribución del subsidio universal, ese despliegue no es completamente eficiente.
“A mí el subsidio me lo recoge mi hermano en Trinidad porque para mí sería difícil ir cada mes desde Santa Ana. Yo le he dado un poder a él. Para que me lleguen los productos yo tengo que pagar Bs 150 si es por tierra y Bs 250 si es en avioneta porque no los traen hasta aquí. Antes, cuando recibía el subsidio universal, sí me llegaba aquí, pero el paquete tenía menos cosas”, relata Esther desde Santa Ana del Yacuma, Beni.
Según datos oficiales del Sedem, más de 400 mil mujeres en todo el país reciben el subsidio prenatal, de lactancia y/o universal. Todas las madres en Bolivia tienen derecho a este beneficio. Aunque ciertamente en la práctica hay dos tipos de prestaciones según la condición de la mujer: por un lado las aseguradas-beneficiarias y por el otro, las no aseguradas.
Las mujeres aseguradas son aquellas asalariadas, ligadas a una fuente laboral formal, y las mujeres beneficiarias, aquellas cuyo esposo o cónyuge es asalariado; no existe distinción en el beneficio entre ambas. Las no aseguradas, en cambio, son aquellas que no tienen una fuente laboral formal, tampoco su pareja. Este subsidio también se conoce popularmente como subsidio universal.
El subsidio universal es cubierto totalmente por el Estado, el otro en cambio (prenatal y lactancia) es financiado por las empresas.
Las mujeres asalariadas o beneficiarias reciben el subsidio a partir del quinto mes de gestación (subsidio prenatal) y doce meses después tras el nacimiento del bebé (subsidio de lactancia). Lo recibido equivale a 2.000 bolivianos cada mes, un valor poco menor a un salario mínimo.
Las mujeres del subsidio universal por su lado, reciben solo el 15% de esa cifra, sus paquetes equivalen a Bs 300 mensuales y en vez de recibir 16 paquetes en total, solo recogen cuatro antes del parto. Paradójicamente, las que más necesitan apoyo alimentario por no recibir ingresos fijos son las menos beneficiadas, mostrando la ausencia de Estado.
“A las que tienen salario les dan hasta carne, les dan pescado, charque, chorizo, carne de cerdo… pues a mí me da, no sé, no sé si era la palabra envidia, ¿no? Sería bueno que mejoren el subsidio universal porque no tienen recursos las que lo reciben, y en cambio las otras llevan harto, harto y es difícil consumir todo eso, por eso lo venden”, dice Karen, beneficiaria del subsidio universal.
Más allá de esta disparidad en los paquetes, el subsidio sigue siendo un tema de cuestionamiento. Las mujeres se quejan de sobreprecio, de condiciones de recojo incómodas y de que lo recibido está mal suministrado, por lo que deben venderlo aun sabiendo que la venta está prohibida.
Ninguna de estas denuncias es nueva. Todas saltaron el año 2022 con el revuelo nacional que comandó Mujeres Creando y que hizo temblar al Sedem (Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas), destapó privilegios de los militares y puso en la mira al Ministerio de Salud que es quien decide lo que recibirán las madres en todo el país.
Aunque el desenlace de aquel revuelo no fue el esperado, sin duda, logró otras cosas importantes, por ejemplo, el recorte de privilegios de grupo en el reparto del subsidio y la internalización de la demanda por soberanía alimentaria heredada en la memoria colectiva de las mujeres en Bolivia.
Precios XXL
Las denuncias de sobreprecio no son antojadizas. Las mujeres leen los precios del Sedem y los comparan con los del mercado y los del supermercado deduciendo que se trata de montos inflados. Por ejemplo, según el portal oficial del Sedem, el kilo de “arroz de grano largo” cuesta Bs 10 mientras que en el mercado se encuentra entre 7 y 8 bolivianos, y en el supermercado (con factura) Bs 8. Otro ejemplo es la quinua, que bajo el Sedem cuesta Bs 25,60 el kilo mientras que en el mercado se puede llegar a conseguir hasta en Bs 12, según constatamos visitando el mercado minorista Abasto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Actualmente el 30% del valor del subsidio invariablemente se adquiere mediante supermercados. El restante 70% son los productos entregados directamente en el Sedem.
“Yo dejé de ser beneficiaria en marzo de este año pero puedo dar testimonio de que el subsidio no cambió mucho desde que nos movilizamos el año pasado. Los precios del subsidio siguen estando por encima de los precios de mercado y en gran medida los productos que dan son harinas”, cuenta Jean Carla, una mamá que no solo alzó su voz en las calles sino que hizo constantes denuncias que todavía se encuentran en su cuenta de TikTok.
“Donde yo recojo es un galpón gigante. Usualmente está lleno de autos y si no vas acompañada, es muy difícil que puedas cargar los productos a un auto porque no te dejan sacar el carrito, entiendo que debe ser por razones de seguridad, pero ese sí es un problema porque claro, sí o sí tienes que ir con alguien. Si tú eres mamá sola, es muy difícil que puedas hacer las cosas sola y peor todavía si estás embarazada y no puedes cargar las cajas”, cuenta Rocío desde Cochabamba.
“Los productos del subsidio, en su mayoría se ven saludables, pero considero que solo un 60% es de fácil uso. El otro 40% son harinas de cereales que no se llegan a ocupar. Demasiadas raciones secas. Y creo que todos los artículos tienen un sobreprecio”, dice Pamela desde Santa Cruz.
Si bien pudimos constatar que hay algunos precios por encima del precio del mercado, también vimos que hay casos en los que esto es más bien al revés. Por ejemplo, el fideo de quinua en el Sedem cuesta hasta Bs 3 menos que en el mercado o supermercado.
“Los quesos tal vez es lo que podría redimir de las entregas en físicos del subsidio, normalmente esos son productos que tienen costos elevados (...) Ahora yo preferiría que nos reduzcan el monto de esos productos y que nos puedan aumentar el monto del dinero que nos entregan para ser consumido en los supermercados”, declara Ángela, una beneficiaria paceña.
Aunque las cadenas de supermercados han ido ampliando sucursales durante las últimas décadas, las ollas familiares en Bolivia en gran medida siguen llenándose con productos obtenidos de mercados locales e informales que no dan facturas. Este hábito de compra ocasiona que cualquier persona identifique como inflado un precio en el supermercado si lo compara con el del mercado. Hay que considerar que las condiciones de venta son distintas entre un lugar y otro y que los costos fijos no son comparables. ¿Entonces está justificado hacer comprar a las mujeres un producto en un supermercado que si fuera de libre elección ellas adquirirían en otro sitio donde lo encuentren más accesible? El meollo de esta cuestión es que hay un tema irresuelto. El sistema actual establece que el Estado destina un porcentaje del dinero del subsidio a precios privados regidos por condiciones empresariales.
Visitamos dos supermercados en Santa Cruz de la Sierra y corroboramos que los precios de productos varían entre una cadena y otra para cualquier comprador, incluidas las madres del subsidio. Más allá de eso, constatamos que casi todos los precios de los productos que las beneficiarias adquieren bajo subsidio en el supermercado están por encima de los precios del mercado; si bien es normal debido a la formalidad en la que operan los primeros, puede ser lo que sustenta el reclamo de sobreprecio entre las madres.
“Hay un uso de la idea de la maternidad y una mercantilización de lo nutritivo de esta etapa de la gestación. La problemática no es solo qué consumir y cuándo, sino también el modo en el que se gestionó desde la institucionalidad pública, quiénes son los mediadores, qué aprovechamiento hay para poder lucrar”, señala la escritora feminista Pilar Uriona.
El Estado sigue imponiendo el menú: Mujeres exigen libertad para elegir el subsidio