Graciela hace fila sudando y agarrándose la cadera para descansar el peso de su vientre de 7 meses de embarazo. Delante de ella, unas 30 mujeres esperan para recibir los paquetes que entrega el subsidio prenatal y lactancia. Es un galpón caliente donde funciona la entrega de productos del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) en Santa Cruz de la Sierra.
“Apenas llegas y ya están encima tuyo los revendedores, miralos. En frente de los funcionarios que no dicen nada. Hasta se saludan, se deben conocer”, dice Graciela, acostumbrada a ver cómo lo ilegal se campea con naturalidad ante el ojo de los que visten chalecos del gobierno.
“Le compro todo por 350 bolivianos”; “no tiene quién le cargue amiga, mejor acá nomás me lo deja lo que no va a usar”; gritan los revendedores a Graciela y a las otras mujeres que hacen fila.
“Lo que más sale es la leche, la quinua, la avena, lo demás cuesta vender. Así que lo mejor es vender el paquete completo doñita”, intenta convencerla una revendedora.
Ahí mismo, varias mujeres cierran las transacciones por todos los productos que indican: “prohibida su venta”.
“De todo lo que entregan jamás consumo tantas harinas y cereales que son feos y nunca han sido parte de la alimentación de mi familia ni de nadie en nuestro entorno”, cuenta Graciela.
El paquete que recibe esta mamá en Santa Cruz es diferente del que recibe una mamá en Santa Ana del Yacuma o en San Ignacio de Moxos, pequeñas poblaciones del departamento amazónico de Beni.
“Acá no llegan los subsidios completos. A mí nunca me dieron 3 quesos, 3 botellas de yogurt, ni 5 de leche. Acá llegan incompletos los paquetes, parece que se llevan lo mejor para otros lados y nos mandan las sobras a los pueblos”, se queja Mariana, una mamá de 2 niños que lleva varios años recibiendo el subsidio pero no en su lugar de origen, sino en la ciudad capital de Trinidad.
En el área rural la logística de entrega se complica por las distancias. Aunque el Sedem dispuso la creación de Brigadas Móviles para la distribución del subsidio universal, ese despliegue no es completamente eficiente.
“A mí el subsidio me lo recoge mi hermano en Trinidad porque para mí sería difícil ir cada mes desde Santa Ana. Yo le he dado un poder a él. Para que me lleguen los productos yo tengo que pagar Bs 150 si es por tierra y Bs 250 si es en avioneta porque no los traen hasta aquí. Antes, cuando recibía el subsidio universal, sí me llegaba aquí, pero el paquete tenía menos cosas”, relata Esther desde Santa Ana del Yacuma, Beni.
Según datos oficiales del Sedem, más de 400 mil mujeres en todo el país reciben el subsidio prenatal, de lactancia y/o universal. Todas las madres en Bolivia tienen derecho a este beneficio. Aunque ciertamente en la práctica hay dos tipos de prestaciones según la condición de la mujer: por un lado las aseguradas-beneficiarias y por el otro, las no aseguradas.
Las mujeres aseguradas son aquellas asalariadas, ligadas a una fuente laboral formal, y las mujeres beneficiarias, aquellas cuyo esposo o cónyuge es asalariado; no existe distinción en el beneficio entre ambas. Las no aseguradas, en cambio, son aquellas que no tienen una fuente laboral formal, tampoco su pareja. Este subsidio también se conoce popularmente como subsidio universal.
El subsidio universal es cubierto totalmente por el Estado, el otro en cambio (prenatal y lactancia) es financiado por las empresas.
Las mujeres asalariadas o beneficiarias reciben el subsidio a partir del quinto mes de gestación (subsidio prenatal) y doce meses después tras el nacimiento del bebé (subsidio de lactancia). Lo recibido equivale a 2.000 bolivianos cada mes, un valor poco menor a un salario mínimo.
Las mujeres del subsidio universal por su lado, reciben solo el 15% de esa cifra, sus paquetes equivalen a Bs 300 mensuales y en vez de recibir 16 paquetes en total, solo recogen cuatro antes del parto. Paradójicamente, las que más necesitan apoyo alimentario por no recibir ingresos fijos son las menos beneficiadas, mostrando la ausencia de Estado.
“A las que tienen salario les dan hasta carne, les dan pescado, charque, chorizo, carne de cerdo… pues a mí me da, no sé, no sé si era la palabra envidia, ¿no? Sería bueno que mejoren el subsidio universal porque no tienen recursos las que lo reciben, y en cambio las otras llevan harto, harto y es difícil consumir todo eso, por eso lo venden”, dice Karen, beneficiaria del subsidio universal.
Más allá de esta disparidad en los paquetes, el subsidio sigue siendo un tema de cuestionamiento. Las mujeres se quejan de sobreprecio, de condiciones de recojo incómodas y de que lo recibido está mal suministrado, por lo que deben venderlo aun sabiendo que la venta está prohibida.
Ninguna de estas denuncias es nueva. Todas saltaron el año 2022 con el revuelo nacional que comandó Mujeres Creando y que hizo temblar al Sedem (Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas), destapó privilegios de los militares y puso en la mira al Ministerio de Salud que es quien decide lo que recibirán las madres en todo el país.
Aunque el desenlace de aquel revuelo no fue el esperado, sin duda, logró otras cosas importantes, por ejemplo, el recorte de privilegios de grupo en el reparto del subsidio y la internalización de la demanda por soberanía alimentaria heredada en la memoria colectiva de las mujeres en Bolivia.
Precios XXL
Las denuncias de sobreprecio no son antojadizas. Las mujeres leen los precios del Sedem y los comparan con los del mercado y los del supermercado deduciendo que se trata de montos inflados. Por ejemplo, según el portal oficial del Sedem, el kilo de “arroz de grano largo” cuesta Bs 10 mientras que en el mercado se encuentra entre 7 y 8 bolivianos, y en el supermercado (con factura) Bs 8. Otro ejemplo es la quinua, que bajo el Sedem cuesta Bs 25,60 el kilo mientras que en el mercado se puede llegar a conseguir hasta en Bs 12, según constatamos visitando el mercado minorista Abasto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Actualmente el 30% del valor del subsidio invariablemente se adquiere mediante supermercados. El restante 70% son los productos entregados directamente en el Sedem.
“Yo dejé de ser beneficiaria en marzo de este año pero puedo dar testimonio de que el subsidio no cambió mucho desde que nos movilizamos el año pasado. Los precios del subsidio siguen estando por encima de los precios de mercado y en gran medida los productos que dan son harinas”, cuenta Jean Carla, una mamá que no solo alzó su voz en las calles sino que hizo constantes denuncias que todavía se encuentran en su cuenta de TikTok.
“Donde yo recojo es un galpón gigante. Usualmente está lleno de autos y si no vas acompañada, es muy difícil que puedas cargar los productos a un auto porque no te dejan sacar el carrito, entiendo que debe ser por razones de seguridad, pero ese sí es un problema porque claro, sí o sí tienes que ir con alguien. Si tú eres mamá sola, es muy difícil que puedas hacer las cosas sola y peor todavía si estás embarazada y no puedes cargar las cajas”, cuenta Rocío desde Cochabamba.
“Los productos del subsidio, en su mayoría se ven saludables, pero considero que solo un 60% es de fácil uso. El otro 40% son harinas de cereales que no se llegan a ocupar. Demasiadas raciones secas. Y creo que todos los artículos tienen un sobreprecio”, dice Pamela desde Santa Cruz.
Si bien pudimos constatar que hay algunos precios por encima del precio del mercado, también vimos que hay casos en los que esto es más bien al revés. Por ejemplo, el fideo de quinua en el Sedem cuesta hasta Bs 3 menos que en el mercado o supermercado.
“Los quesos tal vez es lo que podría redimir de las entregas en físicos del subsidio, normalmente esos son productos que tienen costos elevados (...) Ahora yo preferiría que nos reduzcan el monto de esos productos y que nos puedan aumentar el monto del dinero que nos entregan para ser consumido en los supermercados”, declara Ángela, una beneficiaria paceña.
Aunque las cadenas de supermercados han ido ampliando sucursales durante las últimas décadas, las ollas familiares en Bolivia en gran medida siguen llenándose con productos obtenidos de mercados locales e informales que no dan facturas. Este hábito de compra ocasiona que cualquier persona identifique como inflado un precio en el supermercado si lo compara con el del mercado. Hay que considerar que las condiciones de venta son distintas entre un lugar y otro y que los costos fijos no son comparables. ¿Entonces está justificado hacer comprar a las mujeres un producto en un supermercado que si fuera de libre elección ellas adquirirían en otro sitio donde lo encuentren más accesible? El meollo de esta cuestión es que hay un tema irresuelto. El sistema actual establece que el Estado destina un porcentaje del dinero del subsidio a precios privados regidos por condiciones empresariales.
Visitamos dos supermercados en Santa Cruz de la Sierra y corroboramos que los precios de productos varían entre una cadena y otra para cualquier comprador, incluidas las madres del subsidio. Más allá de eso, constatamos que casi todos los precios de los productos que las beneficiarias adquieren bajo subsidio en el supermercado están por encima de los precios del mercado; si bien es normal debido a la formalidad en la que operan los primeros, puede ser lo que sustenta el reclamo de sobreprecio entre las madres.
“Hay un uso de la idea de la maternidad y una mercantilización de lo nutritivo de esta etapa de la gestación. La problemática no es solo qué consumir y cuándo, sino también el modo en el que se gestionó desde la institucionalidad pública, quiénes son los mediadores, qué aprovechamiento hay para poder lucrar”, señala la escritora feminista Pilar Uriona.
El coro de voces que tumbó privilegios
Ya el 30 de junio, una nota de la Agencia Nacional de Noticias Fides denunciaba "fraude total" recogiendo la voz de las madres.
Casi un mes después, la movilización fue nacional. Mujeres y mamás de al menos ocho ciudades capitales marcharon en protesta el viernes 22 de julio de 2022 para exigir la implementación de la billetera móvil en el subsidio. Esas eufóricas marchas que fueron irradiando fuerza a su paso tuvieron origen días antes en un programa de radio.
El 11 de julio de 2022, la activista feminista integrante de Mujeres Creando, María Galindo, realizó un radio documental en las instalaciones del Sedem en La Paz. En el programa participaron siete mujeres cargando a sus bebés y con papeles en mano para reclamar irregularidades en la entrega de productos: fechas próximas a vencerse, alimentos en mal estado, precios por encima del mercado, malos tratos al momento del recojo, entre otros. Esas mujeres se habían organizado previamente por Whatsapp y juntaron evidencia para interpelar de forma contundente a las funcionarias.
Ese programa radial transmitido en redes sociales provocó que se cuestionara el papel paternalista del Estado de imponer a las mujeres lo que deben comer sin importar su condición física o si los productos resultan encarecidos para sus bolsillos. Esta denuncia abstracta parió la idea concreta de la billetera móvil.
“Se trata claramente de un estado paternalista e infantilizador que por un lado le dice a las mujeres que pueden parir, pero no que están en la capacidad de elegir qué comer o qué darle a su wawa”, opina la abogada constitucionalista, experta en género, Emi Vargas.
La demanda más allá de apagarse se fue acrecentando. Muy pronto, las voces que pedían la billetera móvil se multiplicaron en todos los departamentos y aunque las mujeres de un sitio y otro no se conocían, luchaban concretamente por lo mismo. No pedían el dinero en efectivo, sino acudir directamente a los supermercados de Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) para seleccionar los productos más idóneos.
La billetera móvil es un instrumento de pago electrónico que permite transferir dinero vía celular, según explicó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Este mecanismo de pago electrónico está vigente en Bolivia desde el año 2013. Para el año 2018, las operaciones estaban tan aceitadas que el Gobierno decidió que el 15% del pago del doble aguinaldo se pague con billetera móvil. Se trata, por tanto, de un mecanismo de compra completamente conocido en el país.
Más allá de copar titulares, las protestas lograron algunas cosas concretas. “Yo veo que después de que marchamos dejaron de darnos productos en mal estado. Antes no podías ni reclamar pero ahora uno no se queda callada. Yo por ejemplo cuando recogía mi bolsa transmitía en TikTok para que se vea qué me dieron y en qué estado estaba”, cuenta Jean Carla.
Además de encender la bronca ante las injusticias, uno de los logros tangibles de las movilizaciones fue la puesta en evidencia de privilegios para los militares que acabaron siendo cortados tras las protestas. El martes 19 de julio de 2022 salió a la luz que las militares y las esposas de estos recibían el subsidio en dinero en efectivo desde el año 1996. Tras las múltiples críticas, la medida fue abolida el 21 julio de 2022. Para este reportaje, constatamos que un año después no se ha revertido esa decisión.
Otro de los logros fue demostrar al Estado que no todos los paquetes se adecúan a las necesidades alimenticias de las madres en el país.
Subsidios “rediseñados” sin pañales
El Decreto Ley 13214 de 1975 puso las claves básicas para lo que ahora es el Subsidio Prenatal y de Lactancia. Entonces se reconoció el beneficio por el valor de Bs 200 mensuales en especie durante todo el primer año. Con el paso del tiempo este beneficio estuvo ligado al salario mínimo nacional pero desde el año 2018 bajo el Decreto Supremo Nº 3546 se congeló en Bs 2.000, cifra inferior al salario mínimo nacional.
Los paquetes del subsidio se entregan de manera mensual sin racionalizarlos, la beneficiaria recibe las bolsas con todos los productos en un solo recojo. Por ese motivo también se solicitó la billetera móvil, no solo para elegir qué comprar, sino también en qué momento hacerlo.
Antes de las protestas de julio del año 2022, todos los paquetes de subsidio eran homogéneos sin importar que las mujeres o niños tuvieran enfermedades de base. De hecho, una de las principales contradicciones que denunciaron las madres fue que aunque el subsidio pregonaba garantizar una alimentación saludable, en algunos casos atentaba contra su salud por exceso de azúcar o por incluir productos no tolerados en su dieta.
El 5 de septiembre de 2022, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó al Ministerio de Salud y al Sedem que mejoraran la variedad de productos del subsidio prenatal y posnatal haciendo algunos paquetes diferenciados que contemplen las distintas patologías de base de las mujeres: diabetes, intolerancias y dietas veganas, entre otros.
“A mí nunca me preguntaron si tenía alguna alergia o si era vegana. No sabía que había paquetes especiales porque tampoco vi ningún letrero ni me dieron información al respecto”, reprocha Angélica Chuquimia en Santa Cruz.
Iver Fernández, Responsable Departamental del Sedem en Chuquisaca, reveló para este reportaje que en su departamento hasta la fecha no han recibido ninguna solicitud de estos paquetes.”Como institución, hemos estado trabajando para poder entregarles estos paquetes especiales, pero hasta la fecha, no hemos tenido ningún pedido”, aseveró.
“Yo escuché en las noticias el año pasado que iban a hacer estos paquetes pero nunca he visto ni me han dado a elegir”, cuenta Rocío en Chuquisaca.Con el fin de verificar cómo se implementa la entrega de paquetes especiales, visitamos la distribuidora de subsidios en La Paz, en la avenida Jaimes Freyre, donde funcionan las oficinas nacionales del Sedem. En el lugar se advirtió que no hay material informativo visible sobre estos paquetes, los requisitos o el trámite necesarios para acceder a ellos. Preguntamos al personal y no tenía nada a mano, buscaron información en la página web de la institución y encontraron un comunicado que señala que para acceder a los paquetes especiales se requiere una resolución de la ASUSS (Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo). Ese comunicado no explicaba qué requisitos había que cumplir para lograr tal resolución.
Visitamos la ASUSS y el personal encargado indicó que para acceder a uno de estos paquetes hay que hacer una nota de solicitud dirigida al director general, Rubén Omar Colque Mollo. En caso de presentar problemas de salud, la nota debe estar acompañada con un certificado médico de la Caja donde la madre está asegurada. Para las madres diversas (vegetarianas o veganas) la nota de solicitud tendrá carácter de declaración. En ambos casos se debe presentar fotocopia de carnet de identidad y del carnet de asegurado. La resolución, al igual que otras solicitudes, tiene un plazo de hasta 20 días hábiles para tener respuesta.
Es decir, no hay suficiente información para acceder a los paquetes especiales y es un procedimiento burocrático que hace que en la práctica el acceso sea casi nulo.
Ese rediseño de paquetes, que no se está cumpliendo en la práctica, fue establecido en la Justicia luego de que seis beneficiarias apoyadas por el colectivo Mujeres Creando plantearan un recurso de Acción Popular para la implementación de la billetera móvil. La Justicia reconoció que los paquetes homogéneos de subsidio atentaban contra ciertas patologías.
Desde entonces se empezaron a hacer cambios en el paquete: se reemplazó el azúcar granulado por stevia y se quitaron los pañales sin sustituirlo por un producto equivalente.
El paquete de pañales fue determinante en las protestas de las madres. El producto otorgado por el Sedem estaba valuado en el doble del precio del que hay en mercado y era muy deficiente en calidad, según testimonios de las beneficiarias. Pese a ello, nunca fue considerado innecesario por las mamás, sino todo lo contrario: lo reclamaban porque lo juzgaban adecuado para las necesidades de sus bebés. Luego de un año de haber revertido la entrega de pañales, los paquetes de subsidios siguen llegando sin ellos.
“Yo creo que los pañales eran necesarios. Un paquete no te va a resolver la necesidad de pañales del mes, pero te alivia la carga económica y al final los productos del subsidio son productos por los cuales nuestra empresa está pagando, o sea, no es un regalo del gobierno”, dice Lorena Riojas desde Cochabamba.
Fernández, del Sedem Chuquisaca, indicó que los pañales fueron sacados de los paquetes porque causaron polémica y fueron observados por no ser alimentos. Si los pañales no deberían estar en los paquetes por no ser alimentos, ¿por qué se los incluyó antes? El tema no ha sido esclarecido. Revisamos la normativa que rige los productos del subsidio y constatamos que no es lo suficientemente clara.
Desde mediados de agosto solicitamos al Sedem, por medio de su equipo de Comunicación y el de Protocolo, una entrevista con la gerenta de la entidad, Fátima Pacheco. Sin embargo, pese a la insistencia, las muchas llamadas y mensajes hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta. También solicitamos entrevista con el Ministerio de Salud y tampoco fuimos atendidas.
Del mercado a marketplace
Aunque la compra y venta del subsidio no está permitida. De hecho, todos los productos tienen un letrero que indica que la venta está prohibida. Los controles no son constantes y muchas familias optan por este mecanismo ante la abrumadora cantidad de productos que no alcanzan a consumir en un mes, por temor a que se echen a perder o porque simplemente los productos que reciben nunca han estado en sus dietas. Este hecho, que es de conocimiento generalizado, se puede constatar en los mercados (en algunos casos de forma clandestina o abierta) e incluso en redes sociales. Los productos valuados en Bs 1.500 (que son los que se reciben directamente del Sedem) se venden en menos de un tercio de su valor, en redes sociales se encuentran ofertas por Bs 400.
“Como sugerencia: sería bueno que nos den en efectivo el 50% (del subsidio) y el resto en especie. Hay muchas cosas que se desechan, es mejor si nos dan el dinero para recoger lo que realmente necesitamos. La leche, el yogurt, los jugos, la quinua, las galletas, el queso si están bien, yo los consumo. Pero hay productos que se vencen en dos semanas cuando nos entregan y no alcanzamos a consumirlos todos”, dice la beneficiaria Daniela Gutierrez.
“A mi nunca me ha llegado un producto dañado pero sí algunos lácteos tienen muy poca fecha de vencimiento, en especial sus yogures. Nos dan como unos ocho yogures y a veces algunos duran solo una semana, entonces no te embutes ocho yogures en una semana”, cuestiona una mamá desde Cochabamba.
La venta de productos de subsidio no es tampoco de desconocimiento estatal. Jorge Silva, Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, reconoció que se trata de un tema aún no resuelto. “El Ministerio de Salud y el Sedem deben realizar una evaluación sobre el aprovechamiento de cada uno de los 140 productos”, dijo ante nuestras consultas.
“Estamos bajo un estado patriarcal con políticas públicas patriarcales que en discurso impulsa el apoyo a la alimentación de las madres y sus bebés, pero que en la práctica es una estructura de tutelaje que lo que hace es beneficiar a las empresas que se benefician con los contratos de productos del subsidio pisoteando el bienestar de las mujeres”, insiste la abogada Emi Vargas.
“La despatriarcalización requiere una mirada más profunda y esta medida del subsidio tiene que ver con paternalismo. Esa idea de señalar desde la institucionalidad que es lo que te cae bien a ti, en tu corporalidad, en tu consumo, en tu cuerpo y salud, como si nuestras propias prácticas no fueran validables”, concluye Uriona.
Y aunque el subsidio es un tema irresuelto porque no se ha atendido la demanda concreta de la billetera móvil y las denuncias de las mujeres siguen intactas desde el año pasado, el mayor logro de toda la lucha iniciada fue marcar un antes y un después en la conciencia colectiva sobre la soberanía alimentaria de las mujeres y madres en Bolivia; una mecha que lejos de apagarse, incinera a fuego lento el discurso de la despatriarcalización que al gobierno le gusta pregonar.Este reportaje fue realizado por la Red de Periodismo Feminista con la subvención del Fondo de Mujeres Bolivia - Apthapi Jopueti