Su padre es el primero en encontrar su cuerpo. Al destapar la frazada que la cubre, su padre encuentra los rastros de una violencia extrema.
La autopsia lo confirma. Hematomas en la cabeza, las piernas, el pecho, el abdomen. Laceraciones en la espalda y los brazos, múltiples costillas rotas. Decenas de patadas, puñetes y palazos.
“Shock hipovolémico con hemorragia por traumatismo torácico abdominal con laceración del hígado”. Los golpes fueron tan violentos que le reventaron el hígado. Es el segundo feminicidio del año en Potosí.
El feminicida vivía junto con su víctima y tenían un hijo en común. Él era dos años mayor que ella.
«La presencia de múltiples costillas rotas sugiere que la violencia infligida contra la mujer fue despiadada, indicando que fue golpeada repetidamente hasta su fallecimiento.» (“Hombre arrebata vida de su pareja y deja a un inocente niño huérfano”)
Tres días después, el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Andrónico Rodríguez, calificó a la “ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” como una norma “antihombres”. El primer feminicidio de 2024 en Potosí también tuvo un nivel de crueldad extremo. Los informes policiales detallan dos fracturas en los huesos del cráneo. “Traumatismo encéfalo craneal abierto”. El feminicida atacó a su víctima hasta romperle la cabeza. Él era siete años menor que ella.
Según reportaron las autoridades, tenían una relación “muy conflictiva”. Un eufemismo con el que, muchas veces, se suele enmascarar la violencia machista.
El 17 de abril de este mismo año, Andrónico Rodríguez celebró la iniciativa de su colega Patricia Arce —ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS)— para modificar la ley 348.
“La Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos”, dijo Rodríguez para respaldar el proyecto de ley regresivo.
Otros casos recientes
En el fin de semana previo a los comentarios de Andrónico Rodríguez en contra de la ley 348, una joven de 23 años fue lanzada por su pareja desde un tercer piso. El delito fue tipificado como tentativa de feminicidio. La víctima tiene 50 días de impedimento y se encuentra en terapia intensiva. Este intento de feminicidio se registró en Shinahota, una población en el Trópico de Cochabamba, a tan solo una hora y media de Entre Ríos, la localidad en la que el presidente del Senado vivió gran parte de su vida y desde donde construyó su vida sindical y política.
Ese mismo fin de semana, también en el departamento de Cochabamba, una mujer fue atacada con una botella rota. El agresor intentó perforarle el abdomen. La mujer logró detener la acometida con su brazo. Otra “tentativa de feminicidio”.
Antes de la ley 348 el tipo penal de feminicidio no existía
Antes de la promulgación de la ley 348, en 2013, la figura penal de feminicidio no existía en Bolivia. Los asesinatos de mujeres por violencia machista se calificaban mediáticamente como “crímenes pasionales”. En la tipificación penal se anotaba “homicidio por emoción violenta”, con una pena máxima de seis años de prisión.
Por aquellos años, Bolivia estaba clasificado como como el país latinoamericano «con el nivel más alto de violencia física en contra de las mujeres y el segundo después de Haití en violencia sexual».
Ese contexto de violencia machista extrema fue el que motivó, con una lucha acumulada de decenas de años, la creación de una norma para defender la vida de las mujeres.
Más de una década después, pese a que la violencia machista sigue arremetiendo en contra los cuerpos y las vidas de las mujeres, la senadora Patricia Arce dice que la ley 348 “es una ley que atenta contra los derechos de los hombres”. En el fin de semana siguiente a sus declaraciones, un hombre en Santa Cruz asesinó a dos mujeres. Además, tras su aprehensión, admitió tener planificado el feminicidio de una tercera víctima. Por sus características, este caso fue espectacularizado por varios medios de comunicación.
¿La ley 348 encarcela a hombres inocentes?
Patricia Arce, Andrónico Rodríguez y organizaciones como la Casa del Hombre del Oriente (presidida por Paolo Mojica, también afín al MAS), dicen que hay hombres inocentes que son encarcelados con tan solo una denuncia. Sin embargo, entre 2015 y 2021 hubo más de 285 mil denuncias relacionadas a la ley 348, según datos del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial. En el mismo periodo, solo 1,860 hombres se sumaron a la población carcelaria del país por delitos relacionados a esta norma.
Entre otros argumentos, se dice que la aplicación de la ley 348 favorece desproporcionadamente a las mujeres. Pero en 2020, por ejemplo, solo el 13 % de las 18,431 denuncias atendidas por la Justicia obtuvo una sentencia con enfoque de género, según datos del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Dejando de lado delitos graves, desde feminicidios hasta violaciones, entre otros, hasta febrero de 2023, menos del 10 % de la población penitenciaria corresponde a delitos de violencia familiar (7 %) o (in)asistencia familiar (3 %).
El abuso de las detenciones preventivas afecta a hombres y mujeres
Por otra parte, según datos hasta marzo de 2021, las detenciones preventivas (es decir, sin una sentencia ejecutoriada) afectan porcentualmente más a las mujeres. 71.62 % de ellas están en la cárcel “preventivamente”, frente al 64 % en el caso de los hombres.
El abuso de la detención preventiva en Bolivia es una problemática denunciada constantemente y desde diversos ámbitos. No obstante, no guarda ninguna relación específica con la ley 348 ni representa un “favorecimiento” hacia las mujeres.
En muchos casos, más bien, representa una falta de reparación para las víctimas. Como se evidenció con el caso del feminicida y violador serial Richard Choque, la corrupción en el sistema judicial boliviano suele favorecer a los agresores antes que a las víctimas.
Choque fue liberado tras siete años en prisión, pese a tener sentencias por feminicidio y violación.
La ley 348 no destruye familias, la violencia machista sí
Pero los casos como los de Choque, en los que el agresor no tiene ningún tipo de vínculo familiar o afectivo con la víctima, son la minoría. En 138 casos de feminicidios registrados en el Observatorio de Justicia y Género, 110 agresores tenían un vínculo familiar o afectivo con las víctimas.
En ocho de los casos no existía ninguna relación y en los restante 20 esta referencia es desconocida. Según un informe publicado en 2015, reveló que seis de cada 10 bolivianas dicen que el lugar en el que sufren violencia con mayor frecuencia es la familia. Ya sea a manos de sus parejas o de otros familiares.
En cualquier ámbito, los feminicidios son la expresión más extrema de la violencia en contra de las mujeres. Dentro de los hogares, además, suelen ser el último eslabón de un ejercicio continuo y sistemático de agresiones machistas. Un estudio publicado en 2021, luego de la revisión de 173 procesos por feminicidio, reveló que la mitad de las autopsias a las víctimas de feminicidio detectó signos de violencia sistemática previa.
Sin embargo, solo dos de 10 de estos mismos casos tuvo más de una denuncia previa al feminicidio. Es decir, “las mujeres victimadas no tuvieron acceso a la justicia” ni a medidas de prevención.
Pero los feminicidios no son la única expresión de la violencia machista. Según el más reciente boletín del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, seis de cada 10 casos de abuso sexual y violación en contra de niñas y niños tienen como principal implicado a un familiar. Ya sea por parentesco de consanguinidad o afinidad.
En ambos delitos, de cada 10 víctimas nueve son niñas.
*** Publicado originalmente en MUY WASO